La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) detectó al cierre de 2025 a 78 empresas consideradas Sujetos sin Capacidad Operativa (SSCO), negocios que emitieron miles de facturas pese a no contar con personal, activos ni infraestructura real, poniendo en riesgo a más de 57,800 clientes y comprometiendo más de S/ 3,195 millones en crédito fiscal e impuesto a la renta que el Estado no reconocerá.

Al respecto, José Arturo Matos, abogado especialista en derecho penal, advierte que «el uso de facturas falsas o la creación de empresas de fachada no solo constituye una infracción tributaria: es un delito penal que puede derivar en penas privativas de libertad, inhabilitación para ejercer actividades comerciales y responsabilidad solidaria para socios y representantes legales». Asimismo, subraya que muchos emprendedores caen en estas prácticas sin comprender el alcance real de sus actos, frecuentemente inducidos por terceros.

¿Qué es una factura falsa y por qué es tan riesgosa?
Una factura falsa es todo comprobante de pago que no corresponde a una operación real: servicios que nunca se prestaron, bienes que nunca se entregaron o montos adulterados para reducir artificialmente la carga tributaria. En Perú, esta conducta está tipificada en la Ley Penal Tributaria (Decreto Legislativo N° 813) y puede sancionarse con penas de hasta ocho años de prisión, dependiendo del monto defraudado y la reincidencia del infractor.
Por otro lado, las denominadas «empresas de papel» o sociedades ficticias son personas jurídicas creadas sin objeto comercial real, usadas para triangular dinero, evadir impuestos o lavar activos. El problema para el emprendedor de buena fe es que, en ocasiones, presta su nombre o firma documentos sin entender que está asumiendo la titularidad legal de operaciones ilícitas, convirtiéndose en responsable penal ante la SUNAT y el Ministerio Público.

En ese sentido, el experto advierte algunas situaciones que deben encender las alarmas de cualquier empresario:
● Proveedores que ofrecen «facturas a pedido» sin sustento de operación real.
● Invitaciones a figurar como socio o representante legal de empresas que no conoce.
● Presión para registrar ingresos o gastos que no corresponden al giro real del negocio.
● Contadores que proponen «ajustar» declaraciones tributarias con documentos de terceros.

Por ello, Matos resalta que “todos los emprendedores deben validar a sus proveedores y evitar participar en operaciones sin sustento real, ya que una práctica irregular puede derivar en investigaciones penales, sanciones económicas y graves daños reputacionales.”